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Tigranes, al primero que le anunció la venida de Lúculo, en lugar de mostrársele contento, le cortó la cabeza, con lo que ninguno otro volvió a hablarle palabra, sino que permaneció en la mayor ignorancia, quemándose ya en el fuego enemigo, y no escuchando sino el lenguaje de la lisonja (Plutarco: Vidas paralelas, Lúculo, XXV)

El reciente asesinato de Berta Cáceres, me ha orillado a pensar, no en la manera en la que los defensores y defensores de Derechos Humanos son ilegalmente perseguidos por las organizaciones criminales sino la manera en la que son legalmente perseguidos por las organizaciones públicas. No es necesario ir hasta Honduras para constatarlo, aquí en México, por ejemplo, la política oficial siempre ha sido la de negar el suceso y, en consecuencia, buscar criminalizar a la víctima o al defensor.

Lo vimos en el caso de los normalistas asesinados en Iguala. Uno de los informes entregados por el GIEI, organismo no gubernamental auspiciado por la OEA, sostiene que el negocio de la heroína podría estar detrás del ataque a los 43 estudiantes. Se supone que uno de los cinco autobuses que usaron los jóvenes para asistir a una manifestación hacia la capital, pudo haber llevado una carga de droga sin que ellos lo supieran. Por supuesto que esto fue aprovechado por las organizaciones gubernamentales para desacreditar a quien se dejara, incluyendo a los normalistas.

Por supuesto esto resulta contraproducente tanto para los padres de los normalistas como para las instituciones que ofrecieron el informe, pero le cae como anillo al dedo a las instituciones que buscan deshacerse del peso político que representó y sigue representando Ayotzinapa.

Pensemos que el gobierno federal se comporta como aquel Tigrantes, del que cuenta Plutarco en sus “Vidas paralelas”, Matan al mensajero sólo para satisfacer su impotencia ante lo inminente: Vivimos una crisis de Derechos Humanos. Es un asunto complejo incursionar en la opinión pública hoy en día. Es difícil que una opinión, ya sea de experto (como los del GIEI) o de un simple lego (como yo), se mantenga de manera unívoca una vez que ha alcanzado el dominio público. Abordémoslo desde otra perspectiva entonces, ya que la anterior no funciona.

Cuando Roland Barthes habló al respecto de “la muerte del autor” (léase autor-idad) buscaba señalar, a un nivel metafórico, un fenómeno que sucedía en el entorno sociolingüístico moderno, sucedido en Francia, en la segunda década del siglo XX. En términos generales se refiere a que  un texto escrito ya no pertenece más a su autor, en cambio pertenece a la cultura en general y al lector. ¿Por qué digo esto? Pues porque precisamente, de manera grosera y a grandes rasgos, aborda una patente contradicción de la premisa que debe ser abordada de inmediato.

Roland Barthes, el autor/la autoridad, murió en términos metafóricos; no obstante, se podría objetar, fue Roland Barthes el que lo dijo. Siguiendo su propuesta, la opinión de Roland Barthes ya no le pertenece a Roland Barthes, debido a que hoy en día el discurso escrito y el lector, son más relevantes que el autor/autoridad. Ello posee un cierto sesgo, pues implica que cada lector le da una posible interpretación, volviendo convenientemente indeterminado e imposible de establecer cualquier discurso homogéneo.

Como autor de estas líneas, es lo primero que debo pensar cuando -por ejemplo- digo que sólo en México, durante el 2014, fallecieron 316 hombres por cada 100 mujeres. La principal causa de muerte entre varones fue por ‘agresiones’ (28,7% en mujeres es del 11%, con mayor probabilidad de morir a causa de tumores malignos). [Fuente: El Universal]

Sólo en el año anterior, fallecieron 34 mil 509 jóvenes varones por causas de muerte violentas, equivalente a 53,1% de defunciones para este sector de la población y a 5,6% del total nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Qué impediría que esta información sea utilizada para negar o desprestigiar los esfuerzos que se han hecho para hacer visible los feminicidios en México, comenzando por disminuir su importancia? He de explicarme de inmediato.

Juventud y Violencia van de la mano, no sólo en México sino en todo el mundo. Tras la entrega de su informe, el CIDH concluyó que México atraviesa “grave crisis de derechos humanos”, con base en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esa es la razón por la cual urgió al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Fuente: La Jornada

La respuesta del Gobierno mexicano fue la misma que ofrece cuando su gestión se ve cuestionada: Negar y atacar al infórmate, gestionando una campaña de desprestigio. Es así como el gobierno federal afirmó que “El informe de CIDH parte de premisas y diagnósticos erróneos”. Fuente: La Jornada. Sin ir más lejos, su prioridad no fue la de esclarecer el caso de los normalistas de Ayotzinapa sino atacar al informante, al grado de denunciar al secretario del CIDH frente a la PGR, por fraude (o más bien por no haberse prestado a ser eco de la estrategia ramplona del gobierno federal de negar los hechos). Fuente: El Universal

No existe texto que no pueda ser utilizado desde cierto sesgo, tanto político, cultural, histórico o social. Al menos no en lo relacionado a la violencia en México. Todo texto, al momento de ser leído, está condenado a cierto grado de parcialidad por parte del lector, ya que siempre existe un contexto que le condicione. En ese sentido no depende del nivel de univocidad que un texto pueda tener, sino del poder político/social que una opinión cobra en el contexto político/social.

¿Ahora entienden la razón por la que resulta riesgoso partir de la premisa de que han muerto más del triple de varones que de mujeres? Ser mujer en México tampoco es tan sencillo, basándonos en la opinión de Imelda García:

«El asesinato de cientos de mujeres en varias partes del país prendió los focos rojos sobre el peligro que representa ser mujer en ciertas zonas de México. Primero fue Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde la desaparición y el asesinato de mujeres fueron un asunto con relevancia internacional, desde la década de los 90.» Fuente: Reporte Índigo

La CONAVIM, institución creada por el Estado para atender la violencia de género, se encuentra a cargo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, una especie de mecanismo echado a andar por el gobierno para contrarrestar la creciente violencia contra la mujer en México. «Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.»

De las 32 entidades federativas la CONAVIM ha solicitado a 15 de ellas se declare Alerta de Género, de las cuáles sólo dos han respondido unas cuántas: Jalisco, Sinaloa, Morelos y el Estado de México, no sin resistencia por parte de las autoridades federales y locales. No obstante, agrega Imelda:

«En el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no existe información desagregada sobre feminicidios. La Secretaría de Gobernación solo cuantifica los homicidios sin distinguir si se trata de hombres o mujeres.

La evidencia de tal vacío de información quedó al descubierto en agosto del 2015, cuando un ciudadano solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la estadística de los feminicidios registrados desde el 2014 hasta esa fecha.

El SNSP respondió que tal información no existe; sostuvo su afirmación incluso después de la presentación de un recurso de apelación.»

Es preocupante, y en más de una ocasión paradójico, cómo es que el uso indebido de un discurso político puede ser reutilizado para desacreditar a quien más vulnerable se encuentra, estigmatizarlo socialmente con el fin de amedrentarle o despojarle de lo que, por derecho, es suyo; como sucede con algunas comunidades indígenas. Es un error de estrategia política considerar que la defensa de los derechos humanos es más una amenaza para el régimen que una contribución al mejoramiento del entorno político.

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