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Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura. Por definición, representa un trato cruel e inhumano, prohibido por el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes representa un gran esfuerzo, en materia de Derechos Humanos, para detener y castigar los casos de tortura a nivel internacional. En este documento se define la tortura como: 

«todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia […]»

El Estado mexicano, como Estado parte, se ha comprometido a castigar los casos de tortura dentro de sus límites políticos desde el 18 Marzo de 1985. No obstante, más de treinta años después, este compromiso no se refleja en términos reales.

En el marco de una audiencia pública realizada en el Senado,  con motivo de la Ley General en Materia de #Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)  -Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los #DerechosHumanos (#CMDPDH)- declaró que, del 2006 al 2014, se recibieron un total de 4,554 denuncias por casos de tortura, de las cuales sólo en cinco ocasiones alcanzaron sentencias condenatorias.

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En México, la tortura es tan común que, según Amnistía Internacional, el 64% de los mexicanos tienen miedo de ser torturados en caso de caer en manos de la policía. Un caso en particular es el de , quien lleva ya tres años en prisión preventiva dentro de un penal de Sinaloa, tras haber sido acusada de asesinar a su marido. La única prueba que existe en su contra es un documento, que se le obligó a firmar bajo tortura. Recientemente le fueron entregadas 8,000 cartas, provenientes de todo el mundo, que reclaman su libertad a las autoridades y que se investigue la tortura que sufrió.

Fuentes:

CNUTTPC | ONU | El Universal | AI | El País

 

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