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Por definición toda frontera impuesta por el ser humano es arbitraria, su autoridad siempre será susceptible de ser cuestionada por otro individuo que posea razones de peso. Los Estados modernos no son inteligencias etéreas, ni están delimitados por fronteras perennes e inamovibles. En sentido estricto no existe un límite infranqueable ni frontera impenetrable para la influencia de un ser humano sobre otro; de hecho, en más de una ocasión, es ese otro el que configura su modo de ser, sin que él pudiese hacer algo al respecto. En cierto modo, uno carece de sentido sin el otro, y viceversa. Nuestra gregariedad condiciona.

Es por ello que, por más que una clase política se encuentre escindida del grueso de la población, ésta última puede exigir lo que, por derecho, todos los Estados deben garantizar sin importar sus características étnicas, sus creencias religiosas, la adscripción política o su procedencia nacional.[i]. Con sus respectivos bemoles e inconvenientes, esa es la ventaja de los regímenes democráticos.

Sería difícil -pero no imposible- concebir un proyecto nacional democrático que no estuviera encabezado a su vez por un Estado; que represente el poder político y administrativo en una sola institución soberana, que se rija sobre un territorio y se reserve para sí mismo el monopolio de la violencia legítima. Empero, si una nación democrática sin Estado resulta difícil, un Estado democrático que prescinda de escuchar los principales problemas que aquejan a sus ciudadanos es simplemente una contradicción de términos. Ello incluye la creciente industria privada, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones en pro de los derechos humanos, la prensa libre, etc.

Por ejemplo, en lo que respecta los tiempos actuales, y a raíz de la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece:

 

«La nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente es sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley»[ii]

 

Según esta reforma al artículo 4, el Estado debe garantizar esta pluralidad, respetando en la medida de lo posible los usos y costumbres propios de los pueblos autóctonos. Es así como el pluralismo, de cierto modo, va ganando terreno como paradigma epistémico, jurídico y cultural en más de una disciplina académica e institución política.

Concebir al Estado como «un sistema de dominio que puede ejercerse sobre varias naciones o sobre una parte de una nación.»[iii] implica reestructurar los tópicos culturales de antaño desde una perspectiva epistémica no centralizada sobre una clase política, étnica, cultural o nacional sino en distintas opiniones que lleven al diálogo multicultural. Lo mismo debe acontecer con el concepto de «migración» tomando en cuenta los, ya casi, 100 años de nuestra Carta Magna.

Respecto a lo anterior, algunos autores suelen distinguir a la multiculturalidad como un «término factual que se refiere a una realidad social en donde coexisten culturas diversas» en contraposición al multiculturalismo o «término normativo que se refiere a una política explícita»[iv] Imponer el propio marco normativo sea cual sea, implica de antemano violentar la perspectiva de ese «otro que no soy yo». Eso incluye a las sociedades liberales fundadas sobre el modelo Estado-Nación de antaño.

Siguiendo a Parekh «Decir que la sociedad occidental contemporánea es liberal no sólo supone homogeneizar y simplificar, sino también dotar a los liberales del monopolio moral y cultural y considerar al resto como a intrusos ilegítimos y problemáticos».[v]

El declive del modelo hegemónico del Estado-nación, en las políticas públicas, como el único modo de concebir al propio Estado -y a través del cual el Estado se concibe a sí mismo- está orillando a las ciencias sociales hacia una nueva noción que escape de la homogeneidad nacional y considere la presencia de las minorías -migrantes o autóctonas[vi]. Los fenómenos migratorios no son la excepción.

En ese sentido podríamos ser más específicos al ampliar el panorama de diálogo cultural, dentro de las discusiones migratorias, no a un nivel inter-nacional y/o transnacional, sino a un nivel inter-étnico y/o trans-migratorio; que considere no sólo las fronteras nacionales, sino también las fronteras culturales producidas por las propias minorías a través de sus usos y costumbres que respete los Derechos Humanos de los migrantes.

[i] Como bien lo señala Miguel Alberto Bartolomé «La noción de frontera es un concepto polisémico». Tanto establece un límite político como una discontinuidad existente para diferenciar «el género, la posición generacional, la cultura u otros aspectos considerados relevantes.» en Velasco Ortíz, (2008)

[ii] Las cursivas son mías. La modificación del artículo sucede el año de 1992 y se encuentra disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_122_28ene92_ima.pdf (última consulta: 29/08/15)

[iii] Salcedo, (2001): p. 27

[iv] Olivé, L., & Villoro, L. (1996):  p.124

[v] Parekh, (2005)

[vi] Para ampliar esta propuesta recomiendo las reflexiones colectivas publicadas en: Alcalá, R. & Gómez, M., (2013)

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