Durante los 17 meses que Efraín Ríos Montt fue jefe de la junta militar de gobierno en el año de 1982. A él se le atribuyen un total de 1,771 víctimas mortales en las masacres de los municipios Santa María, Nebaj, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, de Quiché. Durante toda su vida se mantuvo impune, inclusive 2003 fue candidato presidencial de Guatemala. Acusado de genocidio, se afirmó que los ataques que encabezó fueron específicamente dirigidos sobre el grupo étnico maya ixil. Más de 130 testigos declararon en su contra y más de un centenar de peritos.

La guerra civil duró 36 años (1960-1996) y dejó casi 200,000 muertos o desaparecidos, según cifras de la ONU. Hasta el 10 de mayo del 2013 fue cuando, en una corte oficial, fue condenado a 80 años; pero unos días después esta condena fue anulada a causa de un desacato. No fue sino hasta el 2014 cuando se reinició el juicio por genocidio. No obstante, la defensa argumentó «un cuadro de deterioro cognitivo», agregando la «senilidad y la posibilidad de desintegración demencial, lo cual tiende a ser crónico, progresivo e incurable». Un año después, en agosto, se le diagnosticó oficialmente con «demencia vascular», suspendiendo en definitiva su acusación.

A sus 86 años, la Corte de Apelaciones de Guatemala le negó su solicitud de amnistía, permitiendo que se le dé continuidad al juicio comenzado hace ya dos años.

¿Pero qué es lo que consigue la fiscalía con la sentencia por genocidio?

Según Édgar Pérez, titular de la Asociación para la Justicia y Reconciliación «Las sentencias en estos casos son reparaciones para las familias de las víctimas, essi-hubo-genocidio como que les den el certificado de que lo que han relatado en los tribunales les pasó. Para nosotros obtener una condena es una reparación digna para las víctimas y es la reivindicación de esa memoria que se quiere negar.»

El juicio por genocidio será retomado en enero del 2016, no sólo contra Ríos Montt sino también contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, director de inteligencia.

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