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Comencemos por lo más básico, que es lo más simple, es decir los elementos que conforman este horroroso embrollo que significa la deuda pública de las naciones y los Estados. Existen como mínimo dos agentes de este entramado: Un deudor y un acreedor. Siendo que la deuda es asumida por interés público, es de suponer, que el deudor siempre seremos nosotros, los ciudadanos; eso siempre queda claro, pues existe un registro ciudadano que nos hace acreedores a cierta clase de derechos y obligaciones. Para garantizar nuestros derechos, cada intervalo de tiempo estamos obligados (comprometidos como ciudadanos) a elegir a nuestros representantes para administrar los recursos públicos y dirigir el rumbo del país mediante las política públicas que consideren pertinentes.

Siguiendo esta lógica, basada en la solidez de la moneda y la estabilidad del mercado internacional, cierto sector político opta por solicitar estos recursos a entidades tanto físicas como jurídicas, llamados acreedores; como pueden ser empresarios, bancos o asociaciones internacionales. Esta clase de entidades cuentan con fondos de préstamo que suelen destinar al apoyo de proyectos públicos; pero, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas. Lo que sea de cada quién, al liberar sus fondos también acuerdan cierta tasa de interés ¿Qué es eso dirán?

Entendemos por Interés al precio del pago establecido entre deudor y acreedor, un precio que rebasa el valor de la deuda, que recibe el inversionista (acreedor) a partir de un periodo de tiempo en el que el deudor hizo uso del dinero. Eso es la ganancia del acreedor y es la manera en la que obtienen nuevos fondos de financiamiento. Por supuesto que esto se basa en una lógica de producción y refinanciamiento cíclico, en donde ambos salen beneficiados (en teoría). No obstante, y si el plazo de pago se vence, el acreedor tiene todo el derecho de exigir el pago de su inversión de la manera que sea posible (incluyendo los intereses que generarán posteriormente tras el vencimiento, en caso de no acordar un nuevo plazo de pago extendido). Es entonces cuando hablamos de Déficit público.

Un Déficit público acontece cuando los gastos del Estado (nuestros representantes, administradores y directores) se exceden los gastos realizados en el sector público, superando los ingresos que, en principio, cubrirían la deuda pública. En otras palabras, que la lógica de producción y refinanciamiento, de  la que hablamos anteriormente, no funciona como debería funcionar. Cuando un país sufre de Déficit el deber de su Estado es el de negociar una nueva tasa de interés con sus Acreedores, establecer nuevos plazos de pago o transferir la deuda pública a un nuevo Acreedor; lo que es ética y financieramente reprochable.

Por ejemplo, según informa La Jornada, la deuda pública mexicana asciende a 12 billones 947 mil 666 millones de pesos. Ello implica que cada mexicano, en promedio, deberá pagar  109 mil 355 pesos; incluyendo a los que están por nacer y han nacido desde que la nota fue publicada en agosto del 2014. Según Expansión y El Economista, nuestra deuda ha alcanzado niveles que oscilan entre  el 49, 76% y el 51% de la producción total en México, situándonos entre los países con más deuda en el mundo. Es decir que, si esto continúa a este paso, prácticamente nos estaremos convirtiendo en una colonia económica de nuestros Acreedores.

En México, los instrumentos legales para regular la deuda pública son:

  • Ley General de Deuda Pública
  • La Constitución Política, (Artículos 73, fracción VIII y 117 fracción VIII)
  • Ley de Ingresos de la Federación

Algunos Estados, o inclusive los mismos Acreedores,  suelen expedir bonos (o Fianzas) que funcionan como herramientas de financiamiento, utilizadas para gestionar el Déficit. Esta clase de bonos también pueden ser emitidos por entidades internacionales de índole aconómico (Como el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Monetario Internacional) que, de cierto modo absorben la deuda de los estados para evitar la Recesión; esto es la disminución o pérdida generalizada de la producción económica. Como la crisis del 94 en México, también conocida como “Efecto Tequila” o el “Error de diciembre”, en la que el Estado mexicano se vio obligado a devaluar la moneda frente al dólar.

Para controlar el sobreendeudamiento público en los Estados de la República mexicana, el día de ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley de disciplina financiera de los Estados y Municipios; que impide la contratación indiscriminada de Deuda pública con bancos privados. Esto es un avance con respecto a la regulación de la economía por parte del Estado, y un retroceso si se ve desde la perspectiva del Libre mercado financiero. Algo que con el tiempo podremos constatar su efectividad. [Fuente: La Jornada]

 

 

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