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No todo lo relacionado en torno a la desaparición forzada puede ser tomado como algo deplorable. Hay cosas al respecto que han contribuido para que estos asuntos no resulten impunes en un futuro.

Durante los últimos 30 años se han registrado en el mundo más de 50,000 casos, pese a que la cifra oficial es muy inferior a la que realmente figura en la memoria de los pueblos que sufren este crimen atroz, que desintegra miles de familias, llevándolos a la desesperación.

Existen casos que simplemente no se denuncian, por diferentes motivos, estos casos provienen de grupos vulnerables como pueden ser mujeres, migrantes, defensores de los derechos humanos y periodistas; una situación que empeora conforme se combina las variables y el clima de impunidad. (Fuente: Amnistía Internacional).

En México se ha documentado la agencia de personal militar en casos de desaparición forzada, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, bajo la complicidad del mismo Estado. Uno en particular es el sufrido por la familia de Rosendo Radilla, quien lleva más de treinta años sufriendo diferentes vejaciones y amenazas por parte de las autoridades mexicanas en Guerrero; mismo estado de la República mexicana donde sucedió la desaparición de los 43 normalistas y que ha desatado el descontento general de la población y las organizaciones internacionales.

Según la CMDPDH, “El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.” Por cierto, hace unos días, la PGR ha ofrecido una recompensa para quien pueda ofrecer informes al respecto de su localización de Rosendo (Fuente: Aristegui Noticias)

Hoy en día, la nueva propuesta del Ejecutivo propone 100 años de cárcel por desaparición forzada (Fuente: La Jornada) ¿Pero cuánto beneficiará el gravamen de las penas a la población civil? Se podría pensar que, por el contrario, más bien le perjudicará, haciéndole carne de cañón de los intrincados recursos jurídicos estatales.

En ese caso, (mi propia dislexia, que a veces me gusta llamarle inconsciente, me ha sugerido llamarle “caos”) en vez de intervenir con métodos que combatan la desaparición forzada, el Estado se volvería juez y parte de una misma encrucijada de “buenas intenciones”. Pareciera que el ejecutivo hace bastante énfasis en el castigo a los culpables en vez de buscar el esclarecimiento de las penas y la reinserción social de los criminales. Si las penas anteriores no han disuadido a los perpetradores, dudo mucho que sumarle más años lo haga. Como si agravando las penas nos pudiera asegurar una menor impunidad en la situación.

Después de todo ¿No fue el mismo Estado, quien procesó recientemente a 34 indígenas nahuas y un abogado ambientalista por  delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves el pasado 22 de julio? (Ver el caso en el Sin Embargo).

¿Se acuerdan de esas mujeres, encarceladas por 4 de los 21 años que debían purgar, según el Estado de Querétaro, acusadas de secuestrar a 6 agentes federales? ¡Sí! Tal como lo leyeron: 2 mujeres contra 6 policías armados. (Fuente: CNN).

Si bien la propuesta del Ejecutivo se encuentra orientadas hacia los servidores públicos que abusan de sus cargos para promover el miedo y la coerción, la iniciativa incluye también a los particulares. En un oficio reciente, donde figuran 120 casos perseguidos por la PGR, 74 desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales, 25 por municipales y 21 por estatales. Según investigaciones de Animal Político, la entidad con mayor cantidad de desapariciones fue Veracruz, seguida por Tamaulipas y Coahuila.

Ejemplos hay muchos (Ver artículo: HRW), pero con los años se ha ido arreciando la frecuencia de casos denunciados. Esto es bueno, en una parte, y malo en otra. Por un lado habla de una ascendente disposición de la ciudadanía para denunciar los casos de desaparición, pero también es desconsolador las cifras que figuran diariamente en los periódicos nacionales.

Es por esa y más razones que el 30 de agosto se ha reservado para conmemorar el Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por diferentes organismos de la ONU. La pluralidad es benéfica en estos casos, pero si la pluralidad es utilizada para dispersar la opinión pública al respecto, promoviendo el escepticismo o un cinismo descarado me es difícil afirmar una respuesta tan entusiasta (Algo así como enmascarar un revisionismo histórico como “libertad de expresión”). Es allí donde los casos deben ser revisados pormenorizadamente, a la luz de la opinión pública; cuidándose de caer en lo que tanto teme la administración actual: el populismo de masas.13-infografia

Y mientras la desaparición se generaliza, como dice el Gobierno Federal (no sé si con un “poco disimulado” entusiasmo negacionista, frente a los informes internacionales del GIEI), nos siguen faltando 43. Pero entonces ¿Qué es lo que impide que el Estado mexicano sea “Juez y Parte” de este asunto tan peliagudo? Eso es tema de otra divagación…

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